Partiendo del ideal Estado-Nación, como un
factor unitario social y cultural que se desarrolló con la política de la
homogenización constitucional, se declaró la garantía individual y social en
toda la historia republicana, con la prerrogativa de que: ʺToda persona tiene derecho a la igualdad ante
la leyʺ, así el principio de la ʺigualdad ante la leyʺ caracterizó y definió las relaciones
inter‐étnicas entre el Estado y los indígenas, racionalidad consecuente con la
política imperante de la época.
Analizar
la concepción indígena supone un desafío no solo a la jurisprudencia existente
sobre el derecho territorial, sino también a la noción misma de sujeto de
derecho, ello debido a las condiciones sociales, políticas y jurídicas,
individuales y colectivas de la ocupación espacial, así como los procesos,
expectativas, transformaciones y los conflictos que suscita.
Los
intereses multinacionales crecientes en esta región, la movilidad de la
población indígena, las políticas estatales de la gestión de los espacios
amazónicos o las mutaciones culturales producidas por la globalización han
logrado agilizar las contradicciones y el alejamiento entre los aparatos de
gobierno y los pueblos amazónicos, contradicciones que lamentablemente
concluyeron en conflictos étnicos e interculturales.
Sin
embargo la única herramienta que encontró nuestro lastre aparato de gobierno
para dar una solución “racional” a este tipo de conflictos, ha sido y siempre
será la criminalización de los movimientos étnicos en pro de sus derechos
vulnerados.
El 5 de
junio de 2009 representa para todos los peruanos una fecha con sabor a inercia
connacional, aquel día, pudo ser
recordado como el inicio del diálogo intercultural en defensa del medio
ambiente, de la vida y de la Amazonía, pero culminó con un enfrentamiento que tiñó
de sangre el país. Las contradicciones entre el Gobierno central y las etnias
awajun y wampis de la provincia de Bagua llegaron a un punto de quiebre, cuyo
saldo fue la pérdida de vidas humanas: 35 personas muertas, entre policías y
nativos.
Si
hablamos desde una perspectiva conservadora en el sentido de preservar el orden
establecido diríamos que “el país necesita del progreso, necesita de la
inversión privada y del desarrollo de proyectos que logren sacarnos del atasco
sub desarrollista”, sin embargo, cierto sector del país no comparte esta visión
determinista y suele preguntarse a menudo si los peruanos como “sociedad democrática”,
estamos preparados o no para hacer respetar los derechos adquiridos de sus
ciudadanos _incluidos los de los pueblos amazónicos_ a pesar de la legalidad
vigente, a pesar de los convenios y declaraciones internacionales asumidas por
el Perú y finalmente nos preguntaríamos si la democracia es lo suficientemente
sólida como para evitar que grupos de poder continúen utilizando, para su
propio beneficio, las prerrogativas que ofrece el Estado para la explotación de
recursos naturales, en la más pura mentalidad colonial, sin importarle el
precio en términos de convivencia social, conciencia democrática y decencia
civil que esto implique.
Posiblemente muchos de
los acá presentes, se continúan preguntando en qué espacios lograrán desempeñarse
una vez finalizada la carrera universitaria, cuáles serían los obstáculos una
vez ingresado al campo laboral y sobre cuál sería la incidencia de la
antropología en los procesos
institucionales ya sea de la región o del país. Este tipo de interrogantes, en
mi caso, surgieron a partir de los planteamientos de Degregori en su libro:
Enseñanza de Antropología en el Perú, fue cuando descubrí que nuestra
subjetividad es y será siempre el fantasma mayor durante toda nuestra etapa
profesional:
“..En efecto, desde temprano los pueblos
indígenas fueron conceptualizados como el «otro». En torno a estos pueblos los
antropólogos construyeron un conjunto de saberes, una identidad emblemática
como gremio y una institucionalidad…Como en toda comunidad estudiada por
antropólogos, en la nuestra sus miembros también se diferenciaban en clanes,
barrios y cofradías, cada cual con sus iglesias y santos patrones teóricos, con
sus ritos y sus heterodoxias, sus «ricos» y «pobres». No era una comunidad
homogénea. Sus miembros reproducían las tensiones étnicas, regionales,
clasistas y de género que atravesaban el país…” (Degregori: 2001)
Definitivamente como antropólogos, nos tocó vivir una etapa un tanto
incómoda o medianamente confusa, dicen los expertos que como ciencia estamos
expuestos al dinamismo de nuestro objeto de estudio o también llamado paradigma
científico, es cierto también que la antropología en el Perú a diferencia de
norte américa o los países europeos, no se ha consolidado teóricamente como una
escuela que logró fortalecer su paradigma científico, ello debido a lo bisoña
de su institucionalización como cátedra universitaria.
Sin embargo ello no constituye el único factor que podría explicar las
dificultades que encuentra el antropólogo peruano al momento de acudir al
campo, pues existen también las circunstancias que involucran las nuevas
relaciones de la Antropología peruana con el Estado y el Mercado, llevadas a
cabo durante los últimos 30 años. Para ello, volveré a citar a Degregori:
“…los
cambios vendrían durante la tercera etapa (aproximadamente 1980-2001). En este
período la crisis de las Ciencias Sociales en todo el mundo; los límites cada
vez más evidentes del paradigma andinista para explicar el país; la crisis del
populismo y su proyecto homogenizador; la ausencia de un nuevo paradigma; la
masiva despolitización de la sociedad y la intelectualidad peruana; así como
las nuevas relaciones de la Antropología peruana con el Estado y el mercado,
fueron reconfigurando un nuevo escenario donde cada vez se hacen más visibles
las brechas étnicas, regionales, clasistas y de género pre-existentes al
interior de la comunidad académica antropológica…” (Degregori: 2001)
Aclarado el panorama en el cual nos ubicamos, puedo
decir que si el fantasma mayor está representado por “nuestra subjetividad” al
momento de analizar los procesos socio-culturales del país, existen también los
otros fantasmas como el “Gobierno central”, que nos admite en sus redes sólo si
actuamos de acuerdo a los estamentos correctos o institucionalizados,
estamentos que van de la mano con los intereses del “mercado trasnacional”,
están los organismos nacionales e internacionales que buscan financiar nuestros
proyectos de investigación bajo paradigmas totalmente ajenos a nuestro
intereses científicos, y finalmente están también las masas de afligidos y
desposeídos que ven en nosotros la esperanza de un futuro mejor. Por lo visto
nuestro campo laboral es más que reducido si deseamos desarrollar una
antropología puramente científica y sin la influencia de agentes externos que
logren distorsionar nuestros fines como científicos sociales.
Los conflictos sociales que se vienen desarrollando
actualmente, entre ellos, los conflictos étnicos o interculturales, ya sea por
cuestiones de territorialidad, o vulnerabilidad de derechos, representan la
apertura de nuevos espacios que involucran no solo a juristas o sociólogos,
sino también a antropólogos, o por lo menos eso es lo que nos intenta
evidenciar el nuevo perfil de la antropología en el país, somos, indica éste
perfil: “El elemento consultor, el elemento conciliador o mediador dentro de
los conflictos sociales o interculturales. No estamos para atizar el conflicto,
estamos para resolverlos, nuestro fin es acercar a ambas partes y fijar un
acuerdo que beneficie a ambos”.
Creo que el desempeño laboral de un antropólogo
debería ser el de la búsqueda esencial de una antropología en su más
purificadora presencia, intentando desechar cualquier subjetivismo y resaltando
el carácter científico antes que cualquier actividad operaria o técnica.
Existe lo que muchos llaman la globalización
económica por un lado ya la globalización científica por el otro, distando de
ello si el proceso de globalización favorece o no al desarrollo científico de
la antropología, citaremos nuevamente a Degregori:
“…el actual proceso de integración de antropólogos
peruanos en redes académicas transnacionales favorece la hibridación y apertura
de la disciplina a nuevas teorías, debates, métodos, etc. pero el problema
radica en que tratándose de una sociedad tan excluyente como la nuestra, estos
beneficios terminan por formar parte del capital simbólico y cultural de una
pequeña élite de «globalizados», cada vez más aislada del resto de sus colegas
«localizados»…” (Degregori: 2001)
La
territorialidad de los pueblos indígenas ha sido, sin duda, uno de los temas
más importantes de la antropología amazónica y lo seguirá siendo en las décadas
por venir, los intereses multinacionales crecientes en los recursos naturales,
la movilidad de la población, las revisiones de las políticas estatales de la
gestión de los espacios amazónicos, las mutaciones de la percepción indígena sobre
su entorno, entre otros factores de cambio, se confrontan hoy a una situación que
constituye de extrema urgencia en las agendas de los aparatos de gobierno.
